En medio de la ajustada agenda del Congreso de la República, el ministro de Vivienda, Jonathan Malagón, radicó su propuesta de Ley de Vivienda y Hábitat con la que pretende aumentar la compra de vivienda en los deciles más bajos, que tienen los mayores déficits habitacionales.

De acuerdo con Malagón, “en Colombia la cartera hipotecaria, que refleja las posibilidades de acceso de los hogares a créditos de vivienda, es de las más bajas de América Latina, ubicándose en un 6,4% frente al 10% de los países vecinos”.

Así que para solucionarlo, el proyecto de ley de Malagón espera obligar al Gobierno a reglamentar una política de entrega de subsidios a la tasa de interés de los créditos hipotecarios para beneficiar a las familias de más bajos ingresos.

El Gobierno también tendría que reglamentar el leasing con opción de compra y crear “incentivos para que este tipo de operaciones puedan ser otorgadas por las entidades autorizadas por el 100% del valor comercial del inmueble”.

Además, establecería la hipoteca inversa para permitir que los adultos mayores accedan a créditos hipotecarios y que los bancos tengan garantía de pago una vez fallecidos los mismos, mecanismo que también tendría que reglamentar el Gobierno.

Por otro lado, se modificarían los plazos para los pagos en créditos de vivienda ya que el proyecto de ley señala que “el Gobierno Nacional fijará el plazo y los montos máximos para la amortización de los créditos de vivienda, respetando criterios de estabilidad financiera. El plazo mínimo no podrá ser inferior a 5 años. Las entidades financieras definirán individualmente los plazos de las operaciones de financiación de vivienda dentro de los plazos definidos por el Gobierno Nacional”.

Al respecto, el ministro Malagón aseguró que el país necesita “simplificar los créditos, modificar los parámetros, plazos y montos que hoy en día tienen muchas restricciones desde el punto de vista normativo. De esa forma se podrán desembolsar más créditos hipotecarios”.

Adicionalmente, de ser aprobada, la ley obligaría a reducir los trámites para la construcción de vivienda ya que, como recordó el ministro del ramo, en el más reciente Doing Business del Banco Mundial, Colombia retrocedió 6 casillas en el indicador y el retroceso más amplio fue precisamente en los permisos de construcción, bajando de la posición 81 a la 89.

Finalmente, la ley buscará mejorar la coordinación interinstitucional para incentivar la compra de vivienda en el país pues “facilitará la coordinación para la elaboración de un plan de construcción de infraestructura social en zonas de expansión urbana, puesto que la política no se agota con la entrega de una vivienda; tienen que garantizarse equipamientos complementarios y acompañamiento social”.

La coordinación incluirá también el acompañamiento del Gobierno Nacional para la modernización de los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) en los 870 municipios que todavía no han actualizado sus planes.